Hace poco el portal de noticias Emol publicó un artículo en donde a raíz de la falta de cupos para 880 alumnos, producida por el sistema SAE la subsecretaria de educación Alejandra Arratia, donde propende a que Mineduc realizará una fiscalización a los recintos,
el Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) ha anunciado una serie de medidas para abordar la situación de los recintos educativos irregulares, donde se imparten clases para exámenes libres. Esta decisión surge en medio de la escasez de matrículas en los establecimientos públicos y el aumento de la violencia en los colegios del país.
La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, ha destacado la importancia de resguardar que el servicio educativo se brinde de acuerdo con la normativa vigente. Sin embargo, este anuncio plantea interrogantes sobre la manera en que el Ministerio está abordando la libertad de educación y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos en una sistema distinto al oficial, cosa que permite la normativa vigente a través del Decreto 2272, que permite la realización de exámenes libres.
La situación revela una realidad preocupante, donde los padres están optando por educar a sus hijos en recintos no autorizados debido a la falta de matrículas en los establecimientos tradicionales y a la violencia que se vive en algunos colegios. Estas casas particulares cobran mensualidades para preparar a los estudiantes para los exámenes libres, una alternativa que ha ganado terreno en respuesta a las dificultades en el sistema educativo actual.
Si bien es comprensible la preocupación del Ministerio por garantizar la calidad y la legalidad de la educación, es importante que estas medidas no coarten el derecho fundamental de los padres a elegir la educación que consideren más adecuada para sus hijos. La fiscalización debe realizarse de manera justa y equitativa, asegurando que los recintos educativos cumplan con los estándares de calidad y seguridad necesarios.
Asimismo, la subsecretaria Arratia ha mencionado que se está trabajando en un proyecto de ley para abordar el tema de la convivencia escolar de manera más sistemática. Esto es una señal positiva de que el Ministerio reconoce la importancia de abordar la violencia en los establecimientos educativos y está tomando medidas para promover un ambiente escolar seguro y saludable.
En resumen, si bien es necesario garantizar el cumplimiento de la normativa educativa, es fundamental que el Ministerio de Educación también tenga en cuenta la libertad de elección de los padres y busque soluciones integrales para mejorar la calidad y la seguridad en el sistema educativo chileno.